“A casi diez años de la adopción del Consenso de Montevideo este sigue siendo un esfuerzo relevante que apunta a hacer realidad los derechos reconocidos internacionalmente para los Pueblos Indígenas, y en especial para las juventudes indígenas”, afirmó la coordinadora del Programa de Juventud Indígena, Dali Angel, durante su intervención en los Diálogos virtuales preparatorios a la Cuarta Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se celebrará en la Sede de la CEPAL, en Santiago, Chile, del 28 al 30 de junio de 2022. La reunión tiene entre sus objetivos analizar los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe y los retos que plantea la crisis sanitaria para la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Ángel resaltó que el Consenso de Montevideo toma en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 22 menciona que “los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación” por el cual, las Naciones Unidas, así como los Estados, deben promover el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración y velar por su eficacia.
Entre las medidas prioritarias que los Estados Acordaron en relación a los Pueblos Indígenas se destacan la protección y garantías plenas para mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas contra todas las formas de violencia y discriminación; y la generación de conocimiento e información confiable y oportuna sobre los Pueblos Indígenas sobre la base de la autoidentificación, atendiendo las recomendaciones internacionales.
“En este punto quiero hacer referencia a la importancia de contar con datos e información desagregada por origen étnico y rango etareo, como base fundamental para la construcción de políticas públicas”, mencionó Ángel, y agregó que uno de los desafíos es construir esa información, construir variables e indicadores que interesen a las Juventudes Indígenas y a partir de ello contar con datos.
FILAC cuenta con datos actualizados
Por su parte, el secretario Técnico del FILAC, Gabriel Muyuy, presentó el trabajo que realiza este organismo internacional, a través del Observatorio Regional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para que la visión indígena e intercultural sea tomada en cuenta en la construcción de políticas estatales y sociales coherentes con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y que, además, apunten a atender las raíces históricas de los problemas estructurales y a profundizar relaciones democráticas e interculturales.
Explicó que el observatorio cuenta con publicaciones – informes, estudios y boletines – que describen la situación actual de los Pueblos Indígenas en diferentes áreas, respaldadas por estadísticas, datos y análisis, entre las que destacan: la serie derechos e interculturalidad, la serie cuaderno de saberes, y la serie de publicaciones de la plataforma Regional de COVID-19 en colaboración con el FIAY, el Informe Regional sobre “Revitalización de Lenguas Indígenas. Pueblos e idiomas indígenas en América Latina y el Caribe: situación actual y perspectivas, entre otros.
Muyuy explicó que, en marzo de 2021 de manera conjunta FAO y FILAC presentaron el informe sobre los Pueblos Indígenas y Tribales y la Gobernanza de Bosques: Una oportunidad para la Acción Climática en América Latina y el Caribe.
La autoridad del FILAC, también hizo referencia al Informe “Telares de Vida: Juventudes Indígenas, efectos de la pandemia y Políticas Públicas”, el cual trabaja FILAC, junto con la Red de la Red de Jóvenes Indígenas y con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA, con el objetivo de generar un documento de referencia para los Estados, organismos internacionales y organizaciones de las juventudes indígenas, para promover la generación y aplicación de políticas públicas integradoras y transversales sobre juventudes indígenas por parte de los Estados.
