• Dra. Myrna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del FILAC

El 22 de junio del 2020, las mujeres indígenas, amanecimos con la terrible noticia que una niña Embera Chamí, del resguardo Gitó Dokabú en Colombia, había sido violada por 7 soldados. Los hechos se dieron cerca del colegio La Granja del corregimiento Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda, Colombia.

De acuerdo con las notas del médico que la examinó, reproducidos a través de un medio, la niña  refirió  “Por la mañana me fui a la escuela a coger guayabas, a eso de las 6 p. m. el comandante me dijo que me fuera a la casa, yo iba para la casa pero más abajito un soldado me llamó, él se llamada Juan, yo fui para donde él estaba y empezó a tocarme, yo le dije que no quería y se puso a hacerme cosas”, dijo la menor, tras señalar que a pesar de su oposición fue abusada sexualmente por el uniformado. Y siguió: “Al ratico llegaron los otros soldados, eran 9 personas, todos tenían uniforme de soldado, yo solo pude verle la cara a 3 de ellos, como era oscuro no veía muy bien (…) Uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, ellos me decían que no le dijera a nadie, que eso era un secreto”.

Un líder en derechos humanos del Resguardo Unificado Embera Chamí, le reveló a un medio, que no era la primera vez que se daba un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas en esas circunstancias, que hace cerca de 12 años, en la comunidad La Loma, ubicada en el interior de ese territorio indígena, “la Fuerza Pública abusó de mujeres indígenas, pero en ese momento, por la violencia que teníamos, no fue tan público, no se denunció, pero al interior de las comunidades sí se reflejó. A las autoridades nos tocó quedar callados”.

Las violencias sexuales contra mujeres indígenas por militares, ya habia sido señalado como un problema por las Mujeres Indigenas participantes en la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995, donde denunciaron que las operaciones militares conducidas en los territorios de los Pueblos Indígenas utilizan la violación, la esclavitud sexual y la trata sexual de mujeres indígenas para subyugar aun más a los Pueblos Indígenas.

En nuestra región hemos conocido varios casos, uno de ellos se refiere a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en México, ambas mujeres indígenas Me’phaa. A sus 17 años O mientras Valentina se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa –en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec – fue víctima de violencia sexual por miembros del ejército mexicano, durante un interrogatorio sobre la ubicación de hombres “encapuchados” de su comunidad. Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2002.

Inés Fernández Ortega, fue también asaltada sexualmente por militares que allanaron su casa en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002. La violación sexual y tortura de ellas fue en el marco de la militarización de los territorios indígenas de la Región de la Costa-Montaña del estado de Guerrero.

Uno de los casos mas conocidos fue el genocidio del Pueblo Ixil de Guatemala y el impacto sobre las mujeres y niñas en el marco del conflicto armado que se desarrolló entre 1960 y 1996. En 2018 despues de muchos años, los jueces concluyeron que el Estado de Guatemala, por medio del ejército, eliminó al 33 por ciento de los Mayas Ixiles.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico había concluido en 1999 que, a lo largo de 36 años, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática, incluyendo genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación sexual contra mujeres. En la conclusión 91 estableció: “…la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La mayoría de las víctimas de esta violación fueron mujeres mayas.”

Hay varias similitudes en los casos mencionados: desde pretextos para tipificar los delitos, la terrible revictimización, la retardación de justicia, iniciando con remisión preliminar de los casos a la jurisdicción penal militar, el miedo generado en la población y profesionales involucrados. En todos los casos el racismo, siempre ha acompañado la retardación de justicia.

En los casos de Inés y Valentina, después de agotar las instancias internas elevaron los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió las sentencias entre 2010 y 2011. Hasta ese año los casos fueron trasladados de la jurisdicción penal militar, a la jurisdicción ordinaria. En 2018 los militares acusados de violentar y torturar sexualmente a Valentina Rosendo fueron condenados a 19 años de prisión por un circuito del Estado de Guerrero. El caso de Inés Fernández Ortega aún sigue en investigación.

El caso Ixil ha sido juzgado varias veces, en uno de ellos se concluyó que hubo genocidio. En el caso de Colombia, la Fiscalía  General de la Nación,  confirmó   que los siete soldados del ejército nacional que se vieron involucrados en la violación de la niña Embera en Risaralda, fueron condenados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

El problema señalado desde 1995, sigue vigente ante la intensificación de la competencia por los recursos naturales protagonizada por las empresas privadas en varios países, a veces con la complicidad de los gobiernos. La anunciada recuperación post covid 19, ha colocado nuevamente a los territorios indígenas en riesgo, si se basa en la perpetuación del modelo extractivista.

La Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC señaló recientemente en un comunicado que  las comunidades, naciones y pueblos indígenas de Colombia, “vivimos, sufrimos y resistimos los impactos del conflicto armado en nuestros territorios, también la persistencia de proyectos extractivistas, monocultivos, agroindustriales, minero-energéticos, hidroeléctricas que determinan el constante exterminio físico, cultural, espiritual de los pueblos y de los ecosistemas” y agregaban al respecto que en su país, “durante el año 2019 fueron asesinados 65 líderes ambientales, entre julio de 2020 – 2021, se cuentan ya más de 40 asesinados. El Observatorio de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz – ONIC, en este 2021 ha registrado ya 56 amenazas y 33 homicidios en contra de Comunidades, Pueblos, Líderes y Lideresas Indígenas por actores armados en todo el territorio nacional”.

En este último mes, el Foro Internacional de Mujeres Indigenas ha realizado la segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas, con la participación de mas de  500 lideresas de todo el mundo. Entre los temas analizados estan las múltiples formas de violencia que continuan enfrentando las mujeres y niñas indígenas, y por supuesto, en la agenda estaba la violencia por la militarización que hay en los territorios indigenas.

Al respecto, Vicky Tauli- Corpuz, Relatora Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendó a los Estados en 2015, “abstenerse de realizar cualquier acto de violencia contra las mujeres, especialmente en situaciones de conflicto, y tomar disposiciones judiciales contra toda denuncia de violencia perpetrada por funcionarios del gobierno, tales como guardias de fronteras y personal militar y policial”.

Las mujeres indígenas continuan denunciando este tipo de violencia y como ha recordado una mujeres Ixil, lo hacen porque “Estamos buscando justicia…solo queremos justicia…para quienes me puedan escuchar o ver en otros países, lo que yo espero es, que no hagan lo que nos hicieron a nosotros, que lo que me pasó a mí no le pase a otras mujeres, a otras niñas”; ese planteamiento,  se suma al grito de la madre de la niña Embera de Colombia cuando puso la denuncia,  “Justicia, pedimos que se haga justicia. ”