BOLIVIA, May 17 (FILAC) – El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) a través del programa emblemático de Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe (MILAC), presentaron los avances en el desarrollo del primer Sistema de indicadores para monitorear la implementación de la Recomendación General Núm. 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas de la CEDAW.
El espacio conto con la participación de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, la Unidad Étnico Racial de la Cancillería de Uruguay, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género de Argentina, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, el Ministerio de la Mujer de Panamá, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala, el Instituto Nacional de las Mujeres de México y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de Venezuela.
El Sistema de monitoreo es coordinado con en cooperación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y MILAC, cuenta con el diseño de indicadores que serán evaluarán las políticas públicas sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas en los ámbitos de la justicia, educación, salud y trabajo.
“La recomendación 39 es uno de los documentos más avanzados y concordantes en sus recomendaciones con instrumentos internacionales por los cuales hemos trabajado muchísimo los Pueblos Indígenas en las últimas décadas”, expresó Myrna Cunningham, primera vicepresidenta de FILAC.
Así mismo se planteó la urgencia de colaboración entre Estados y organizaciones indígenas y la importancia de sistemas de información interculturalmente relevantes.
“Los Estados con la adopción de la recomendación se han comprometido a proporcionar en sus informes periódicos al comité información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas, presupuestarias y de seguimiento y evaluación, así como otras medidas específicas referidas al ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas”, acoto Cunningham.
Construcción de indicadores para el avance de los derechos de las niñas y mujeres indígenas
En la reunión, se enfatizó en la importancia esencial de implementar un sistema de indicadores para vigilar el avance de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Este sistema debe abarcar tanto sus derechos individuales como colectivos en áreas fundamentales como la justicia, educación, salud y trabajo.
Este sistema requiere del involucramiento y consenso de organizaciones de mujeres indígenas, estados y otras entidades relevantes. Se destaca la importancia de reconocer y valorar los recursos que las mujeres indígenas aportan, así como la necesidad de un enfoque multidimensional en las políticas y reconocer las contribuciones de los Pueblos Indígenas al desarrollo nacional.
Por lo tanto, las redes de mujeres indígenas instaron a la colaboración entre Estados, gobiernos y comunidades indígenas para actuar conjuntamente. Este proceso es fundamental para construir recomendaciones futuras que erradiquen la discriminación interseccional.
Para MILAC es necesario reconocer a las comunidades indígenas como portadoras de sabiduría y promover la implementación de sistemas de información adecuados para recopilar datos relevantes para los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes indígenas. Además, es crucial enfatizar la importancia de los indicadores como herramientas para mostrar avances en la protección de los derechos individuales y colectivos, especialmente en áreas como la prevención y protección contra la violencia de género, la participación en la vida política y pública, y el acceso a sistemas multinacionales de justicia.
Además, es crucial reconocer a las comunidades indígenas como portadoras de conocimiento y promover el establecimiento de sistemas de información interculturalmente relevantes para recopilar datos que sean relevantes para los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes indígenas, así como la importancia de los indicadores para mostrar el progreso en el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, con énfasis en la prevención y protección de la violencia de género, participación política y pública, y acceso a la justicia y sistemas multinacionales de justicia.
Se enfatizó la necesidad imperativa de contar con datos precisos, confiables, oportunos y válidos para evaluar adecuadamente las políticas, programas, medidas administrativas, acciones legislativas y judiciales. Asimismo, se resaltó la importancia de incorporar enfoques interculturales e interseccionales, así como considerar la discriminación y el conocimiento ancestral de las mujeres y comunidades indígenas cuando se implementen medidas en este ámbito.
Se subrayó además la relevancia de la herramienta desarrollada para monitorear y comparar la situación en la región, con el fin de reducir las brechas en la aplicación de los derechos y combatir los prejuicios de género.
Impulsando los derechos de las mujeres y niñas indígenas
La CEDAW fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es considerada una normativa de gran alcance y progresista a nivel global en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Como principal autoridad encargada de supervisar la implementación y aplicación de la Convención, el Comité de la CEDAW ha adoptado una serie de recomendaciones generales que ofrecen una interpretación exhaustiva y avanzada de las disposiciones del Tratado, además de proveer directrices generales para los estándares y la información que los Estados deben presentar en sus informes.
En octubre de 2022, se aprobó la Recomendación General N. 39, que aborda los derechos de las mujeres y niñas indígenas e incluye directrices importantes en 11 áreas clave: igualdad y no discriminación; acceso a la justicia y a los sistemas jurídicos plurales; prevención y protección contra la violencia de género; derecho a una participación efectiva en la vida política y pública; derecho a la educación; derecho al trabajo; derecho a la salud; derecho a la cultura; derechos sobre la tierra, territorios y recursos naturales; derechos a la alimentación, agua y semillas; y derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
Políticas públicas inclusivas
De acuerdo con el informe “Mujeres Indígenas: Nuevas Protagonistas para Nuevas Políticas” de CEPAL, uno de los problemas que enfrentan los Estados y la sociedad para luchar contra las desigualdades étnicas y de género es el vacío en la disponibilidad de datos sobre las condiciones de vida de las mujeres indígenas.
El documento añade que “la información es una herramienta fundamental para el diseño y el seguimiento de políticas de igualdad y para la promoción de los derechos humanos, de allí que la demanda por visibilizar a las mujeres y los pueblos indígenas sea un reclamo recurrente en la región, tanto de parte de los Estados como de las propias organizaciones de mujeres indígenas”.
