NUEVA YORK, Abr 15 (FILAC) – El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) estará participando con una delegación de alto nivel durante la 23ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y en ese marco realizará eventos paralelos para analizar las perspectivas de los Pueblos Indígenas en la región.
Entre las actividades se destaca la presentación del primer Sistema de Indicadores para monitorear la implementación de la Recomendación General N. 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El Foro, que cada año reúne a representantes de Pueblos Indígenas de todo el mundo, Estados, Organismos y Agencias de las Naciones Unidas se desarrollará en la ciudad de Nueva York del 15 al 26 de abril de 2024, bajo el lema “Mejorar el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas: enfatizando las voces de los jóvenes indígenas”, se convertirá en el epicentro de las discusiones globales sobre sus derechos.
La niñez, juventud y mujeres indígenas: el enfoque principal de la discusión
La CEDAW fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es considerada una normativa de gran alcance y progresista a nivel global en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Como principal autoridad encargada de supervisar la implementación y aplicación de la Convención, el Comité de la CEDAW ha adoptado una serie de recomendaciones generales que ofrecen una interpretación exhaustiva y avanzada de las disposiciones del Tratado, además de proveer directrices generales para los estándares y la información que los Estados deben presentar en sus informes.
En octubre de 2022, se aprobó la Recomendación General N. 39, que aborda los derechos de las mujeres y niñas indígenas e incluye directrices importantes en 11 áreas clave: igualdad y no discriminación; acceso a la justicia y a los sistemas jurídicos plurales; prevención y protección contra la violencia de género; derecho a una participación efectiva en la vida política y pública; derecho a la educación; derecho al trabajo; derecho a la salud; derecho a la cultura; derechos sobre la tierra, territorios y recursos naturales; derechos a la alimentación, agua y semillas; y derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
Es esencial que los Estados pasen de las palabras a la acción y se establezca un sistema de medición que garantice el progreso en la implementación y efectividad de esta recomendación.
Por esta razón, Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe (MILAC), en coordinación con FILAC, están trabajando en la creación del Primer Sistema de Monitoreo de la CEDAW, basado en indicadores que evalúen los avances en su implementación, conformado en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el informe “Mujeres Indígenas: Nuevas Protagonistas para Nuevas Políticas” de CEPAL, uno de los problemas que enfrentan los Estados y la sociedad para luchar contra las desigualdades étnicas y de género es el vacío en la disponibilidad de datos sobre las condiciones de vida de las mujeres indígenas.
El documento añade que “la información es una herramienta fundamental para el diseño y el seguimiento de políticas de igualdad y para la promoción de los derechos humanos, de allí que la demanda por visibilizar a las mujeres y los pueblos indígenas sea un reclamo recurrente en la región, tanto de parte de los Estados como de las propias organizaciones de mujeres indígenas”.
Inclusión de la visión de la economía indígena en los modelos de desarrollo
La crisis del cambio climático es una consecuencia directa de la constante emisión de gases de efecto invernadero, resultado de un modelo económico basado en combustibles fósiles y la explotación desmedida de recursos naturales como bosques, turberas, pastizales y suelos. Debido a su empobrecimiento y su dependencia de la integridad de sus ecosistemas, los Pueblos Indígenas son los más perjudicados por los graves impactos de estas acciones.
FILAC se encarga de organizar un foro de alto nivel para discutir el papel crucial de los Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisiones relacionados con la economía verde. De acuerdo con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se garantiza que su consentimiento libre, previo e informado sea obtenido antes de llevar a cabo cualquier actividad, norma o política que pueda afectarles.
Para los Pueblos Indígenas, la gobernanza territorial es esencial en el desarrollo de medios de producción y servicios, así como en otras actividades que promuevan las economías tradicionales. Esto se realiza tomando en cuenta los principios y valores indígenas, así como los sistemas de uso y manejo de los ecosistemas territoriales, la producción tradicional, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la resiliencia
En este contexto, la economía indígena constituye una alternativa válida desde tiempos antiguos para enfrentar estos desafíos. Se basa en una visión integral de la vida, donde la agricultura, la recolección de productos forestales, la producción artesanal, la caza, la pesca y el intercambio de bienes y servicios son abordados de manera colectiva. Además, se fundamenta en el trabajo comunitario y en la distribución justa y equitativa de los beneficios, ya sean monetarios o de otra índole.
Esta economía se sustenta en el respeto por la Madre Naturaleza, quien es considerada la Casa de la Vida. Se opone al modelo neoliberal, basado en la acumulación de unos a costa de otros y en la sobreexplotación de los recursos.
Actualmente, el número de personas indígenas a nivel mundial alcanza la cifra de 476 millones, distribuidas en 90 países. Esta cantidad equivale aproximadamente al doble de la población de Brasil, tres veces la población de Rusia y cinco veces la población de Alemania.
Estas comunidades poseen tierras, territorios y recursos tradicionales que contienen el 80% de la diversidad biológica del mundo. Gracias a su sabiduría en la administración de estas tierras, han demostrado su capacidad de mantener el desarrollo sostenible.
En América Latina y el Caribe, se estima que hay alrededor de 58,2 millones de personas indígenas, ocupando el 20% de las tierras mejor conservadas. Esta región cuenta con una riqueza inmensurable en biodiversidad, bosques y fuentes de agua, gracias a las prácticas, conocimientos y saberes tradicionales de estas comunidades que les permiten ser altamente resilientes frente a crisis alimentarias, económicas e incluso sanitarias. Sin embargo, la actual crisis global, que afecta en múltiples aspectos al planeta, pone en grave riesgo a miles de pueblos indígenas en todo el mundo.
Creación de Mecanismo para la protección de la Amazonía.
La protección de la Amazonía requiere de audaces medidas que deben ser implementadas de manera inmediata. Con este objetivo en mente, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) reunirá en un evento paralelo al que invitó al FILAC para analizar los desafíos y oportunidades que surgen en torno al establecimiento del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas dentro de la OTCA, en línea con la Declaración de Belém y la XIV Reunión de Cancilleres.
Es imperativo enfatizar que, según la Declaración de Belém (agosto 2023), los presidentes de los 8 países han reconocido la importancia vital de la Amazonía como la cara humana de la región. En este sentido, es crucial destacar que la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en esta zona depende en gran medida de la centralidad de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las tradicionales.
Además, es evidente la necesidad de garantizar el bienestar de las poblaciones amazónicas y demostrar solidaridad hacia las generaciones presentes y futuras. Teniendo esto en cuenta, es importante señalar que las soluciones efectivas a los problemas de la Región Amazónica solo pueden lograrse con la participación plena y efectiva de sus poblaciones, en especial de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las tradicionales. Esto incluye a todas las mujeres, jóvenes y otros actores sociales, de acuerdo con las leyes nacionales y a las particularidades locales.
Por lo tanto, en el párrafo 6 de la Declaración de Belém se ha determinado el establecimiento de un Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas con el objetivo de fortalecer y promover el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas de la región. Este mecanismo tiene como fin gestionar y coordinar temas que les afectan directamente y contribuir a los objetivos de la OTCA.
