MÉXICO, Oct 6 (FILAC) – El financiamiento destinado a los Pueblos Indígenas requiere un cambio de enfoque: dejar de considerarlos beneficiarios de recursos y reconocerlos como sujetos colectivos de derechos, con instituciones propias y capacidad para decidir sobre el desarrollo y cuidado de sus territorios.
Ese fue uno de los principales planteamientos expuestos durante el seminario sobre autonomía económica de los Pueblos Indígenas, organizado por el Banco Mundial y el Gobierno de México, un espacio dedicado a analizar las condiciones necesarias para avanzar en el ejercicio de la libre determinación en materia económica.
La discusión parte de una paradoja. Los territorios de los Pueblos Indígenas albergan una parte sustancial de la biodiversidad que permanece en el planeta y su conservación contribuye directamente a la estabilidad climática. Sin embargo, esa contribución rara vez es reconocida en la contabilidad económica y los recursos que llegan directamente a los Pueblos continúan siendo limitados.
Darío Mejía Montalvo, Secretario Técnico de FILAC, sostuvo que esta brecha no puede entenderse únicamente como un problema de disponibilidad de recursos. Antes que la cantidad, señaló, debe analizarse la pertinencia de los mecanismos mediante los cuales se asigna y ejecuta el financiamiento.
En ese terreno persisten tres barreras estructurales.
La primera está relacionada con el concepto de “capacidad”. El acceso a los recursos suele estar condicionado al cumplimiento de requisitos jurídicos y financieros definidos por los Estados. En la práctica, las instituciones propias de los Pueblos Indígenas pocas veces son reconocidas bajo esas figuras y, cuando lo son, con frecuencia deben adoptar formas jurídicas ajenas a sus sistemas de gobierno.
La segunda barrera es la intermediación. Al no ser reconocidas las instituciones propias de los Pueblos Indígenas como ejecutoras directas, los recursos destinados a los Pueblos pasan por organizaciones o entidades externas. Como ejemplo, durante la intervención se recordó que, del compromiso de financiamiento anunciado en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático – COP26, solo el 7 por ciento llegó de manera directa a organizaciones indígenas.
El tercer obstáculo se encuentra en los modelos de planificación que distribuyen recursos de acuerdo con áreas geográficas, ecosistemas o toneladas de carbono. Estos esquemas facilitan la medición financiera y ambiental, pero pueden dejar en segundo plano a los Pueblos que habitan y gobiernan esos territorios, así como sus prioridades y sus propias formas de medir resultados.
La propuesta es invertir esa lógica.
El financiamiento debería dirigirse a los Pueblos y a sus autoridades, y no únicamente a una superficie o a un indicador ambiental. También debería quedar registrado de manera específica como financiamiento destinado a Pueblos Indígenas, evitando agruparlos bajo categorías más amplias.
La experiencia de Colombia fue presentada como uno de los antecedentes que muestran que esa transformación es posible. A partir de la Constitución de 1991, los Pueblos Indígenas han concertado normas que permiten desarrollar un régimen especial para sus territorios y avanzar en la administración de recursos públicos y el ejercicio de competencias por parte de sus propias autoridades.
En este proceso, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC, impulsa una perspectiva que busca vincular el financiamiento con la riqueza integral de los Pueblos Indígenas.
Creado mediante tratado internacional en 1992, FILAC cuenta con una estructura de gobierno en la que Estados y Pueblos Indígenas participan de manera paritaria. Su mandato incluye apoyar la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas mediante asistencia a los gobiernos, generación de evidencia, concertación de políticas públicas y respaldo a iniciativas desarrolladas por las propias instituciones, autoridades y organizaciones indígenas.
Una de las propuestas presentadas por FILAC es la denominada Fórmula de Valor Territorial, un enfoque que plantea financiar el cuidado integral del territorio bajo Gobierno Propio y establecer resultados definidos por los propios Pueblos mediante sus indicadores. Bajo este modelo, variables como el carbono pueden formar parte de la medición, pero no constituir la condición que determine el valor del territorio.
El planteamiento responde a una diferencia de fondo. Mientras los sistemas financieros suelen expresar el valor en términos de capital y precio, para los Pueblos Indígenas el territorio articula dimensiones económicas, culturales, espirituales y políticas. Naturaleza y cultura no son entendidas como ámbitos separados.
Reconocer esa diferencia implica modificar no solo cuánto se financia, sino también quién recibe los recursos, quién toma las decisiones y bajo qué criterios se evalúan los resultados.
El desafío, en consecuencia, es avanzar de la intermediación externa hacia la gestión propia; de una mirada centrada exclusivamente en el carbono hacia la integralidad del territorio; y de la consideración de los Pueblos Indígenas como beneficiarios hacia su reconocimiento efectivo como sujetos colectivos de derechos.
La autonomía económica, bajo esta perspectiva, no constituye una concesión de los bancos, los Estados o las instituciones multilaterales. Forma parte del ejercicio de la libre determinación y de la capacidad de los Pueblos Indígenas para gobernar sus territorios y sostener sus sistemas de vida.
El financiamiento de esos derechos plantea, finalmente, una responsabilidad que trasciende a los propios Pueblos Indígenas: compromete a los Estados y a las sociedades frente a la protección del planeta y a las generaciones presentes y futuras.
