En la reciente COP30 realizada en Brasil, el mundo coincidió en un mensaje central: ya no basta con promesas, es tiempo de actuar. Los países reafirmaron que la crisis climática exige decisiones valientes y avances reales, especialmente en la restauración de bosques, la protección de la Amazonía y el financiamiento para que las comunidades más vulnerables puedan adaptarse.

También se destacó el rol esencial de los pueblos indígenas, las juventudes y las organizaciones locales como guardianes del planeta. La COP30 dejó claro que solo trabajando juntos —gobiernos, sociedad civil y ciudadanía— podremos construir un futuro más seguro y sostenible para las nuevas generaciones.

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 Este 25 de noviembre, Bolivia vuelve a enfrentar una verdad incómoda: el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sigue siendo uno de los más vulnerados en el país. Los datos del Boletín del Observatorio de Género (noviembre 2025) y del Informe sobre el Estado de la Justicia 2024 muestran un panorama alarmante.

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No se logró aprobar como era lo esperado una hoja de ruta para la reducción de los combustibles fósiles. Las 29 resoluciones de la COP30 ni siquiera mencionan ese factor clave de la crisis climática, responsable de cerca de 68 % de los gases del efecto invernadero, según las Naciones Unidas.

Hubo decisiones positivas, como triplicar el financiamiento de la adaptación al cambio climático hasta 2035, indicadores para monitorear esa adaptación, la creación futura de un mecanismo institucional para promover una transición climática justa y medidas como un acelerador global de implementación para apoyar los países en el cumplimiento de sus metas.

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Este encuentro, que el año pasado se realizó en Jujuy y en cuyo cierre se eligió por aplausómetro a Corrientes como sede 2025, se caracteriza por su masividad, autonomía y horizontalidad: un espacio donde más de 70 mil personas se autoconvocan para debatir, proponer y construir desde abajo otras formas de habitar el mundo.

El encuentro inicio desde las primeras horas de la tarde del viernes 22, una masiva participación de encuentreras y encuentreres colmó el Anfiteatro Cocomarola, donde se destacó la persistencia colectiva que hizo posible, una vez más, la realización del Encuentro.

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En Huejutla, Hidalgo, comenzó a operar la primera Defensoría Pública Federal enfocada en atender a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, iniciativa con la que el Órgano de Administración Judicial busca acercar la justicia a regiones que han enfrentado rezago histórico.

Durante la inauguración, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que se trata de un hecho relevante para el país, pues recordó que hasta la reforma del 30 de septiembre de 2024 los pueblos originarios no contaban con un reconocimiento jurídico pleno. Señaló que el nuevo Poder Judicial impulsa una defensa centrada en la colectividad y orientada a quienes han permanecido fuera del sistema, con un perfil de defensor público más sensible y capaz de vincular la labor jurídica con la realidad y costumbres de estas comunidades.

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La confirmación de la muerte de al menos quince menores de edad en medio de recientes operativos militares contra las disidencias de las Farc en departamentos como Guaviare, Amazonas y Arauca encendió nuevamente las alarmas sobre la vigencia del reclutamiento forzado en Colombia y puso en entredicho la efectividad de los protocolos de distinción en la guerra, pues mientras el Gobierno Nacional buscaba una salida negociada al conflicto bajo la bandera de la Paz Total, las estructuras armadas ilegales respondieron con una expansión territorial agresiva que utiliza a la niñez como combustible para la guerra y como escudos humanos ante la ofensiva de la Fuerza Pública.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que durante 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado, un aumento significativo frente a los 342 de 2023. Para el primer semestre de 2025, la entidad ya contabilizó 55 nuevos casos en su sistema de registro, de los cuales 35 corresponden a población indígena, lo que demuestra el impacto desproporcionado sobre los pueblos étnicos.

Fuente: El País/Más Información Aquí

Irene Vélez Torres asumió las riendas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en medio de un panorama complejo en la política ambiental del país, con retos como la criminalidad controlando zonas estratégicas de la Amazonía, la violencia contra defensores indígenas y el avance de las economías extractivas.

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La delegación boliviana que llegó a la COP30 con un mensaje claro: la acción climática también nace desde lo local. Durante el evento de cierre del programa Voces para la Acción Climática Justa (VAC), representantes indígenas, organizaciones socioambientales y periodistas compartieron iniciativas que demuestran cómo los territorios están respondiendo a la crisis climática con propuestas concretas.

En este espacio participaron Lila Sainz, coordinadora del VAC en WWF-Bolivia, Nardy Velasco, Cacique Mayor de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roporé (CICHAR); Samuel Roque, Coordinador del Proyecto «Reviviendo el Curichi»; Pablo Guzmán, Coordinador del Proyecto «Guardianes de Guapilo», Zoila Zeballos, Presidenta del Comité de Gestión del Bosque Pedagógico Los Piyos y Rocío LLoret, directora de Contenidos de La Región.

Fuente/La Región/Más Información Aquí

Los países reunidos en la COP30 aprobaron un conjunto de acciones importantes, pero lejanas de las expectativas incluida la decisión de implementar un mecanismo de transición justa, equitativa y ordenada de los combustibles fósiles, como el principal motor de emisiones, comprobado por la ciencia.

Pese a los esfuerzos de la presidencia brasileña y el liderazgo de Colombia en el paquete de naturaleza, adaptación, financiamiento, y un llamado contundente con el apoyo de al menos 86 países para avanzar en una hoja de ruta global que permita la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, los negociadores no lograron acordar menciones directas a la transición en los textos formales.

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En un movimiento celebrado por organizaciones ambientales, la Cumbre de Líderes de la COP30 en Belém ha dado luz verde a compromisos históricos que colocan los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y comunidades locales en el centro de la acción climática global. Estos acuerdos buscan canalizar financiamiento directo hacia quienes gestionan algunos de los ecosistemas más vitales del planeta.

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Tras dos semanas de negociaciones, las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas de este año concluyeron el sábado con un acuerdo que algunos criticaron por considerarlo débil y otros calificaron de avance.

El acuerdo alcanzado en la conferencia COP30 promete más dinero para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático, pero carece de planes explícitos para abandonar los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, que calientan el planeta.

La conferencia no hizo todo lo que los científicos consideraban necesario para el mundo. No fue tan significativa como exigían los activistas y los pueblos indígenas. Pocos países consiguieron todo lo que querían. E incluso se produjo un incendio en la sede.

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La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc) informó que se revisa la seguridad en la COP30 y no habría reapertura hasta horas de la noche, tras el incendio que paralizó el foro.

Poco después de las 14:00 (hora local) se conocieron los primeros reportes del fuego que azotó a la llamada Zona Azul, principal espacio de la XXX Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) y donde se ubican las salas de reuniones de los negociadores y ministros.

Fuente/El País/Más Información Aquí