Este lunes 15 de marzo, actores de diferentes instancias concluyeron que los derechos humanos son esenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que no puede haber ODS sin la perspectiva integral de la protección de la vida de las personas que defienden los derechos humanos y de la naturaleza, durante el evento paralelo “Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe: Mirando hacia 2030”, realizado en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021 que se viene desarrollando en la CEPAL, Chile.
La Agenda 2030 ofrece importantes vías de acceso para la colaboración del sector empresarial en la consecución del desarrollo sostenible. En este sentido, el ODS 16 sobre sociedades justas, pacíficas e inclusivas representa el objetivo fundacional para el respeto de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. De igual manera el ODS 17 aboga por revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible, incluidas las asociaciones público-privadas.
Situación de los derechos humanos en ALC y abusos empresariales
Durante el evento, Amanda Romero, representante para América del Sur del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dio a conocer que la situación de los derechos humanos en nuestra región se caracteriza por tres elementos importantes primero la conflictividad ambiental; segundo, la conflictividad basada en los ataques de personas defensoras de derechos humanos y en tercer lugar la existencia de muchas iniciativas multiactor y planes nacionales de acción en algunos países de la región.
Asimismo, hizo referencia a ataque a defensores y defensoras de derechos humano. “En nuestra investigación se logró contabilizar 604 agresiones contra los/las defensores que trabajan en cuestiones de derechos humanos relacionados con las empresas en 2020, frente a 572 agresiones en 2019. Un tercio de los casos se referían a la falta de consulta o de la no obtención del consentimiento libre previo e informado de las comunidades afectadas. Los casos se refieren a minería, agroindustria, agroforestal, madera petróleo y energías renovables”.
En cuanto a los abusos empresariales, Romero dio a conocer que Suramérica representa la mayor cantidad e impactos de abusos empresariales a nivel mundial en el Monitor de Minerales de Transición. “36% de las empresas en nuestro índice actúan en Suramérica, 50% de todas las denuncias ocurrieron en Suramérica, 70% de las empresas tienen, sin embargo, una política de derechos humanos.
De igual manera, en la investigación realizada sobre Covid-19 se observó que cada día se atacó a una persona defensora de derechos humanos; una cuarta parte de esos ataques se produjeron contra mujeres defensoras y más de un tercio de esos ataques se refería a comunidades en resistencia y personas indígenas.
Empresas, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas
Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Dra. Myrna Cunningham, manifestó que para los Pueblos Indígenas el ODS 16 debe traducirse en acciones concretas en las siguientes líneas: “primero tenemos que seguir trabajando en la construcción de Estados multiétnicos, en donde se respete el ejercicio de autogobierno de los pueblos indígenas y se construyan modelos de gobernanza inclusivos”.
Asimismo, manifestó que se debe asegurar el respeto y protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas; el acceso a la justicia para que haya seguridad y paz en los territorios indígenas; el cese de la criminalización contra los líderes indígenas. “Obviamente para que esto se cumpla los Estados deben cumplir con su obligación de proteger los territorios y los recursos de los pueblos indígenas y tratarnos a los miembros de los pueblos indígenas con respeto, dignidad y equidad, para asegurar no solo el futuro nuestro, sino el futuro del resto de la humanidad”.
Añadió que “aunque los Estados tienen la obligación fundamental de implementar y hacer respetar, cumplir estos derechos bajo los estándares internacionales existentes, las empresas también deben desarrollar sus actividades en pleno apego a los derechos de los pueblos indígenas. Cuando me refiero a los estándares internacionales, no solo estoy hablando de las normas escritas, sino todo el derecho aplicable, es decir sus normas su interpretación, la doctrina y la jurisprudencia que corresponda considerar, incluyo los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”.
Principales Avances: Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
El Director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Perú, Gardo Rodríguez, compartió como vinculan el Plan de Acción Peruano para el logro de los ODS principalmente el 16. “Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la constitución de los ODS, paz, justicia e instituciones sólidas es algo central en la formulación del Plan Nacional de Acción porque tiene una vinculación directa con los objetivos de la actividad empresarial”.
Añadió que “actualmente se tiene una activa participación de 130 instituciones tanto del Estado, de las empresas de sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos y todos muestran la voluntad de apostar por un diálogo constructivo, que está enfocado en los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos con la lógica de construir una política de conducta empresarial responsable.
Este proceso partió de muy poco y cada vez va adquiriendo más legitimidad y ha demostrado una importante capacidad de articulación de diversos actores para abordar temas que son tradicional complejos que han y siguen generando fricciones porque hay puntos de vista contrarios que se mantienen sobre determinados problemas y eso es vivir en democracia, teniendo como base el enfoque de derechos humanos. A futuro se prevé avanzar en una política nacional de Derechos humanos que tenga su horizonte hacia el 2030, una política que de marco al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.
Participó de esta actividad también María Fernanda Garza Merodio, vicepresidenta de la Cámara Internacional de Comercio, quien resaltó que en los últimos años las acciones para incorporar los Principios Rectores en las prácticas corporativas han adquirido una velocidad impresionante, con evaluaciones de riesgo, mejoras en la debida diligencia, cadenas de suministro, capacitación de derechos humanos que ahora se implementan de manera rutinaria en muchas empresas.
La sesión, moderada por Dante Pesce, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, fue organizada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidades sobre empresas y derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos.
