Por EFE Serviciosonline@laestrella.com.pa /Swiss Info (Chile)
Panamá fue pionero en América Latina y el Caribe en reconocer legalmente los derechos de los territorios indígenas, aunque el país centroamericano, al igual que el resto de la región, debe hacer más esfuerzos para llevarlos a la práctica, a juicio de la FAO.
“Casi todos los países (del continente) han hecho esfuerzos” en materia de reconocimiento de derechos de los territorios, dijo a EFE el Oficial de Políticas para Pueblos Indígenas e Inclusión Social del organismo de la ONU, Mauricio Mireles.
En el caso de Centroamérica, indicó Mireles, “hay muchos derechos territoriales y se dieron concesiones importantes para que tengan un reconocimiento, como en Panamá o México. Pero esto no quiere decir que sea suficiente o que estas conquistas legales se lleven a la práctica”.
El caso de Panamá, donde habitan siete etnias indígenas, es “curioso e interesante”, pues nunca se ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que garantiza los derechos de este grupo, “pero hay toda una legislación nacional muy avanzada y catalítica respecto al derecho de los pueblos”, señaló.
Panamá creó la primera comarca en 1938, en el territorio de Guna Yala, y su Constitución de 1972 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva, según señala el estudio “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) esta semana.
Para 1997 en Panamá había cinco comarcas, con más de 1,6 millones de hectáreas, lo que supone el 12 % del país, destaca el informe de la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
La sexta comarca, del pueblo “Naso Tjër Di”, ubicada en la selva de Bocas de Toro, provincia caribeña fronteriza con Costa Rica, fue creada el pasado diciembre tras años de lucha.
El documento también recoge que en 2008 Panamá aprobó la Ley de Territorios Colectivos, que crea “un mecanismo para la titulación de territorios indígenas más pequeños”.
Con ella se esperaba que “unos 30 territorios colectivos recibieran títulos para casi 700.000 hectáreas. Sin embargo, el proceso avanzó lento, y para 2015 apenas cinco de estos territorios colectivos habían sido titulados”, según el informe.
Sin embargo en 2015 “algunos oficiales del Gobierno empezaron a cuestionar si se podía titular territorios indígenas en áreas donde existiese un traslape con áreas protegidas”.
El problema no se resolvió hasta el 2019 con la creación de un decreto que reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales, aun si estuvieran en áreas protegidas.
“Entonces, vemos que la región está llena de estas inconsistencias, pues por un lado avanzamos con este reconocimiento, incluso algunos Gobiernos hacen un gran esfuerzo como es El Salvador como un plan nacional de pueblos indígenas, pero hay experiencias que se quedan cortas”, explicó Mireles.
América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor reconocimiento de territorios indígenas y son estos pueblos “los mejores guardianes de los bosques” y los que mejor los gestionan, ya que “las tasas de deforestación son significativamente más bajas” en ellos, según el informe.
Solo en Centroamérica, los indígenas ocupan casi la mitad (48 %) de los bosques, y el 37 % de las “zonas de uso y ocupación” está dentro de áreas protegidas.
En Panamá, los territorios indígenas fuera de áreas protegidas incluso reducen la deforestación más que los que están dentro, según la FAO.
Además, cuando existen áreas protegidas superpuestas con territorios indígenas y otras sin indígenas, a menudo las tasas de deforestación y degradación son más bajas en las primeras.
En este sentido, Mireles destacó el papel de los Naso como técnicos forestales, pues para delimitar su territorio usaron nuevas tecnologías como drones.
En el caso de los Naso y La Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá se aprecia “una gran experiencia y capacidad en cuanto a técnicos indígenas de monitoreo forestal”.
“Todo esto demuestra que una acción climática sin trabajar con los pueblos indígenas y tribales simplemente no es factible”, concluyó.
