En la región de América Latina y el Caribe se estima que hay 58.2 millones de personas de 800 Pueblos Indígenas, representando el 10% de la población.
CHILE, Nov 13 (FILAC) – El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), a través de su programa emblemático de mujeres indígenas, la Red de jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe y el Foro Indígena de Abya Yala, presentaron propuestas para asegurar el enfoque intercultural en el Consenso de Montevideo a diez años de su adopción.
A diez años de la adopción del Consenso de Montevideo los Pueblos Indígenas ven con preocupación que muchos aspectos no han cambiado. Ante el incremento de la explotación de los recursos naturales, la presión sobre sus territorios, incluidos los pueblos en aislamiento voluntario, la creciente migración y urbanización, reconocen que es urgente respetar y promover sus derechos territoriales como requisito necesario para el desarrollo sostenible con respeto a la diversidad.
El FILAC desarrolló en el mes de octubre diálogos de consulta a juventudes, mujeres de al menos 50 organizaciones de redes regionales y subregionales de Pueblos Indígenas de 19 países del continente, en donde se obtuvieron insumos que serán presentados en el marco de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la sesión extraordinaria: “10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”.
Se estima que en América Latina y el Caribe hay 58.2 millones de personas de 800 Pueblos Indígenas, representando el 10% de la población, en los diálogos realizados se evidenció el aumento de la discriminación, racismo y exclusión de los Pueblos Indígenas en los espacios de discusión, diseño políticas y toma de decisión.
Los diálogos de consulta evidenciaron que hay un alto grado de desconocimiento sobre el Consenso de Montevideo, por ese motivo, los Pueblos Indígenas solicitan divulgar la información de forma apropiada para alcanzar los objetivos, dada su relevancia para el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos.
Un planteamiento generalizado es que es fundamental que el Consenso de Montevideo incluya de manera transversal e integral, en todos sus capítulos, no solamente en el Capítulo H, los derechos de los Pueblos Indígenas, así como mecanismos para su implementación y seguimiento, con la participación de los pueblos, mujeres y juventudes indígenas.
La región de Abya Yala ha logrado importantes avances normativos que complementan los dos instrumentos más avanzados en el reconocimiento de derechos de los Pueblos Indígenas como la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio No. 169 de la OIT; a los cuales se suman nuevos avances como la Recomendación General 39 sobre los derechos de las niñas y mujeres indígenas, de la CEDAW, instrumentos que contribuyen de manera fundamental para la aplicación efectiva del Consenso de Montevideo.
Entre las principales se plantea la formulación de políticas públicas con enfoque intercultural, para un envejecimiento de calidad y la importancia del diálogo intergeneracional, así como fortalecer y actualizar los programas y políticas públicas que atiendan las problemáticas relacionadas que afectan a los Pueblos Indígenas, considerando su cosmovisión y pertinencia lingüística, mediante procesos participativos.
Para los Pueblos Indígenas, el Consenso de Montevideo debe incluir de manera transversal e integral en todos sus capítulos, los derechos de los Pueblos Indígenas, así como mecanismos para su implementación y seguimiento, con la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, en particular de las mujeres y juventudes indígenas.
Solicitan que los Estados al momento de seguir con la implementación del Consenso de Montevideo consideren medidas relativas al respeto y aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas de acuerdo con los estándares del Convenio Núm. 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Recomendación General 39 de la CEDAW.
Los gobiernos deben avanzar en la elaboración de políticas públicas y planes nacionales en coordinación con los Pueblos Indígenas en el marco del Consenso de Montevideo, adecuadas específicamente para el nivel de las comunidades indígenas en diferentes ejes, como el eje social, eje económico ambiental, institucionalidad y gobernanza. La política pública y la normativa legal debe contar con fortalecimiento institucional e inversiones adecuadas para asegurar el cumplimiento del Consenso de Montevideo.
El establecimiento de un mecanismo de monitoreo paritario para el seguimiento en la implementación de las medidas prioritarias e indicadores que considere la participación equitativa, intercultural e intergeneracional de los Pueblos Indígenas en el Consenso de Montevideo.
En lo relativo a derechos de las mujeres indígenas proponen que se documente y divulgue experiencias de acceso a la tierra a las mujeres indígenas, así mismo, se debe abordar los programas sobre embarazo en adolescentes desde un enfoque intercultural, para garantizar que adolescentes y jóvenes accedan a servicios de salud sexual y reproductiva pertinentes a su cultura y en su lengua materna.
Formar a las y los profesionales de salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, con pertinencia cultural, adecuada a Pueblos Indígenas, incluyendo también la articulación de los médicos tradicionales y jóvenes indígenas, generando espacios intersectoriales de diálogos para garantizar el derecho sexual y reproductivo de los jóvenes indígenas.
Instan a los Estados a adoptar medidas para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y juventudes indígenas de cualquier forma de violencia y explotación sexual dentro y fuera de sus comunidades y la implementación de medidas de accesos a la justicia para abordar los casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas, estableciendo rutas de acceso a la justicia que articulen la justicia indígena con los sistemas de justicia de los Estados.
Se planteó que los Estados deben contar con legislación adecuada para frenar los intentos de privatización y explotación de territorios de los Pueblos Indígenas.
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Paula Rosales, FILAC, paula.rosales@filac.org
Acerca de FILAC
FILAC es una organización internacional establecida mediante Convenio Constitutivo, suscrito en Madrid, España, el 24 de julio de 1992, con el mandato de apoyar los procesos de autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y El Caribe, cuyos órganos de gobierno y funcionamiento se basan en relaciones paritarias entre Estados y Pueblos Indígenas. Desde el año 2017 el FILAC tiene el estatus de Observador Permanente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
