NUEVA YORK, Abr 23 (FILAC) – En el marco de la 24ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se llevó a cabo el evento paralelo “Derechos político-electorales de los Pueblos Indígenas: casos de éxito y desafíos para las mujeres indígenas”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El encuentro reunió a liderazgos indígenas, autoridades electorales y representantes de organismos internacionales, con el propósito de visibilizar avances, desafíos y propuestas para garantizar la participación política de los Pueblos Indígenas desde una perspectiva de derechos colectivos y libre determinación.
Reconocer al sujeto colectivo: un imperativo para los Estados modernos
Durante su intervención, Darío Mejía, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), subrayó la importancia de repensar los sistemas políticos y judiciales modernos para que reconozcan y respeten a los Pueblos Indígenas como sujetos colectivos de derecho.
“Los Estados modernos han enriquecido su tejido democrático al trascender el enfoque individualista, pero queda pendiente institucionalizar plenamente la perspectiva colectiva, tanto en la política como en la justicia. Varias cortes ya asumen esta tarea con responsabilidad, pero aún es necesario consolidarla”, señaló Mejía.
Asimismo, advirtió que aplicar de manera mecánica las reglas del derecho electoral convencional, centradas en el individuo, puede provocar daños a las estructuras colectivas y culturales de los Pueblos Indígenas. Por ello, insistió en construir políticas que partan de la libre determinación, autonomía y sus formas propias de gobierno.
“La participación política debe ser un derecho fundamental y un medio para maximizar la libre determinación. Si, por el contrario, genera división y conflicto interno, debemos repensar los enfoques y asumir responsabilidades colectivas”, puntualizó.
Mejía concluyó señalando la importancia de contar con datos, indicadores y metas concretas que permitan medir el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación y participación política indígena.
Participación paritaria y liderazgo indígena: una prioridad regional
Por su parte, Dali Ángel, Coordinadora del Programa de Mujeres y Juventudes Indígenas del FILAC, remarcó el compromiso de la organización en la promoción de liderazgos de mujeres y juventudes indígenas, articulando esfuerzos con organizaciones de base y tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional.
Ángel destacó el mecanismo de monitoreo paritario impulsado por FILAC, en alianza con la CEPAL, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y organizaciones de mujeres indígenas, diseñado para evaluar la implementación de los derechos político-electorales de niñas, adolescentes y mujeres indígenas en la región.
Este mecanismo contempla cinco indicadores estratégicos:
- Existencia de mecanismos especiales para garantizar la participación de mujeres indígenas en órganos legislativos y gobiernos locales.
- Tipos de mecanismos adoptados, como escaños reservados, distritos especiales o cuotas electorales.
- Procesos de elección que aseguren la inclusión de mujeres y juventudes indígenas.
- Representación efectiva de mujeres indígenas como voceras legítimas de sus pueblos.
- Incorporación de las necesidades de defensoras de derechos humanos indígenas en los sistemas de protección estatales.
“Estos indicadores fueron construidos desde la experiencia y demandas de las mujeres indígenas. Su adopción es indispensable para avanzar hacia una participación política verdaderamente paritaria y respetuosa de los derechos colectivos”, enfatizó.
Ángel agradeció la invitación al evento y reafirmó la disposición del FILAC para seguir colaborando en la promoción de una participación política de los Pueblos Indígenas con enfoque de género y derechos colectivos, consolidando estos mecanismos como herramientas para el seguimiento y evaluación de políticas públicas en la región.
