PANAMÁ, Dic 17 (FILAC) – Los Pueblos Indígenas deben enfrentar una atroz injusticia medioambiental a lo largo de la historia y hasta la actualidad. Están expuestos de manera desproporcionada a sustancias tóxicas que contaminan el aire, el agua, la tierra y sus fuentes de alimento, lo cual impacta gravemente su derecho a la salud.
Esta situación es especialmente grave para las mujeres, niñas y futuras generaciones, según lo afirmó Myrna Cunningham, vicepresidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
Estas afirmaciones se realizaron durante su participación en el seminario web “Equidad de género y gestión de productos químicos: desafíos y oportunidades en América Latina y el Caribe”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, el Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente y el Foro de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.
La contaminación y sus efectos en los Pueblos Indígenas son innegables. De acuerdo con Cunningham, “la contaminación que afecta a los Pueblos Indígenas tiene su origen en toda la cadena de suministro, incluyendo la extracción, producción, consumo y eliminación inadecuada de productos y residuos peligrosos provenientes de industrias como la minería, la agricultura industrial, la fabricación y la incineración de plásticos”.
Esto significa que estos contaminantes llegan a las comunidades indígenas incluso a pesar de estar lejos de la fuente original de producción o uso. Por ejemplo, los pesticidas agrícolas y otros contaminantes orgánicos persistentes se dispersan en el medio ambiente y terminan afectando la tierra y los sistemas alimentarios de estas comunidades. Además, la exportación y vertido de residuos peligrosos contaminan ríos y océanos, con consecuencias graves.
También es importante mencionar la lucha de las mujeres indígenas contra los materiales tóxicos. A lo largo de las últimas décadas, ellas han expresado su preocupación y compartido sus experiencias en diversos organismos de las Naciones Unidas. Su lucha se ha enfocado en los graves efectos de estos materiales tóxicos en la salud materna, reproductiva e intergeneracional, así como en otros impactos relacionados.
Como señaló la lideresa nicaragüense, los efectos de estos productos contaminantes incluyen defectos congénitos graves, cáncer en el sistema reproductivo y reducción de la fertilidad. Un caso específico se encuentra en la investigación de la Dra. Elizabeth Gillet en la región del río Yaqui, en Sonora, México, donde se documentaron defectos en el desarrollo y signos tempranos de cáncer de mama en niñas, niños y adolescentes Yaquis expuestos a altos niveles de toxicidad desde el útero materno.
En este contexto, se destaca la preocupación por la creciente explotación sexual, violencia y trata de mujeres y niñas indígenas, la cual está estrechamente relacionada con actividades extractivas como la minería y la perforación en territorios indígenas. Cunningham mencionó que especialmente preocupa la extracción de minerales de transición como el litio, así como la renovación del interés en la extracción de uranio para la energía nuclear.
Estas prácticas no solo causan una mayor contaminación en tierras, aguas y fuentes de alimento en territorios indígenas, sino que también aumentan la violencia contra las mujeres y niñas indígenas.
Ante este panorama, Cunningham informó sobre la organización de las mujeres indígenas en la Red de Justicia Reproductiva y Ambiental, desde 2003, han llevado a cabo tres simposios internacionales sobre salud reproductiva y medioambiental, con la participación de ancianas, jóvenes, parteras, trabajadores comunitarios de la salud, líderes comunitarios y activistas en defensa del medio ambiente.
Como resultado de estos simposios, se ha adoptado la “Declaración por la salud, la vida y la defensa de las tierras, nuestros derechos y los de las futuras generaciones”. En ella se incluyen recomendaciones y estrategias conjuntas para promover, organizar, cambiar políticas, crear redes, fortalecer capacidades, educar y tomar acción, reafirmando el compromiso colectivo de abordar la salud reproductiva y ambiental.
En enero de 2025, se realizará el cuarto simposio en Guatemala, donde se abordarán temas como la exposición al mercurio y la violencia ambiental que sufren las mujeres y niñas indígenas.
Cunningham enfatizó que, a lo largo de estos años, se han logrado importantes avances en la lucha contra la violencia ambiental. Se ha logrado que el concepto de violencia ecológica sea reconocido por el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y por el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana.
Además, “hemos logrado recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, con recomendaciones específicas relacionadas con los problemas de discapacidad y el impacto en la niñez Yaqui en México”.
También se incluyó el tema de la violencia ambiental en la Recomendación General N. 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre derechos de mujeres y niñas indígenas, resaltando el impacto en la vida física, sexual, económica, espiritual y política de las mujeres indígenas y proponiendo acciones para abordar este problema.
Dentro de estas iniciativas, FILAC ha impulsado un Diplomado en Justicia Medioambiental, capacitando a más de 30 líderes y lideresas en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Este diplomado les brinda conocimientos esenciales sobre cambio climático, contaminación y derechos individuales y colectivos para mejorar el acceso a la Justicia Medioambiental. En alianza con la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), se han realizado estudios que analizan la contaminación a través de muestras de cabello de mujeres indígenas en diversas comunidades. Estos resultados servirán para educar a la población y respaldar políticas nacionales para la eliminación de mercurio y otras sustancias peligrosas.
En este seminario virtual en el que también participaron Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos; María del Mar Solano, Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, y Cecilia Aburto, Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, se identificaron disparidades y desafíos específicos en relación con el género y se propusieron estrategias para una gestión más inclusiva y equitativa.
