BOLIVIA, JUL 15 (FILAC) –Representantes de organizaciones indígenas, organismos internacionales y especialistas de América Latina y el Caribe coincidieron en que la región enfrenta el desafío de transformar los compromisos asumidos en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en políticas públicas efectivas, con financiamiento, mecanismos de monitoreo y participación plena de las mujeres indígenas.
Estas reflexiones se desarrollaron durante el diálogo virtual “Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Consenso de Montevideo”, realizado como parte del proceso preparatorio hacia la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC, en Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas– ECMIA y la Red de Jóvenes Indígenas.
El encuentro tuvo como eje el Capítulo H del Consenso de Montevideo, considerado uno de los instrumentos regionales más importantes para garantizar los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.
La jornada fue inaugurada por Yolanda Ávila Argueta, mientras que Hugo González, del UNFPA, destacó que, a más de una década de la adopción del Consenso de Montevideo, persisten importantes desafíos para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, particularmente en salud materna, así como la necesidad de fortalecer modelos de atención con pertinencia cultural para los Pueblos Indígenas.
Uno de los principales insumos del diálogo fue la presentación de Fabiana del Popolo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, quien analizó la disponibilidad de información estadística para el seguimiento del Capítulo H. Si bien reconoció avances significativos en la incorporación de la variable de autoidentificación de los Pueblos Indígenas en censos y encuestas nacionales, advirtió que los registros administrativos continúan siendo una de las principales debilidades para medir el cumplimiento de sus derechos.
En ese sentido, planteó fortalecer los sistemas de información mediante estándares comunes, capacitación, interoperabilidad y el carácter obligatorio de los registros para producir indicadores relacionados con inversión pública, participación política y derechos territoriales.
Asimismo, propuso aprovechar la plataforma virtual del Consenso de Montevideo como un mecanismo regional para monitorear políticas públicas, acciones e indicadores vinculados al cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
Mujeres indígenas en el centro de las políticas públicas
Las intervenciones de las panelistas coincidieron en que la implementación del Capítulo H debe incorporar un enfoque interseccional que reconozca las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas por razones de género, pertenencia étnica, territorio, edad o discapacidad.
La primera vicepresidenta de FILAC, Myrna Cunningham, afirmó que el principal reto es cerrar la brecha entre los acuerdos internacionales y su aplicación concreta en los territorios.
Recordó que el FILAC, junto con el programa emblemático de Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe – MILAC, CEPAL y el UNFPA, impulsa desde 2023 un sistema de monitoreo basado en indicadores para dar seguimiento a la Recomendación General N.º 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW y a los compromisos contenidos en los capítulos E y H del Consenso de Montevideo. Además, destacó la reciente presentación de la guía operacional “Desde el territorio”, concebida para fortalecer la producción de evidencia desde los propios Pueblos Indígenas y orientar mejores políticas públicas.
En ese marco, Cunningham llamó a implementar, en el corto plazo, un sistema participativo de monitoreo de la Recomendación General 39, asegurando que las propias mujeres indígenas se apropien de este mecanismo y participen activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Educación, salud y territorio
Entre las principales recomendaciones destacó la necesidad de fortalecer la educación propia, garantizando inversiones en conectividad, tecnologías, formación docente y materiales educativos elaborados desde los Pueblos Indígenas. Asimismo, se planteó impulsar la formación de facilitadores indígenas en salud para que la información y los servicios lleguen a las comunidades en sus propias lenguas y respetando sus prácticas culturales.
Las panelistas también insistieron en fortalecer los derechos territoriales, la libre determinación y los sistemas normativos propios; establecer mecanismos permanentes de seguimiento con indicadores de inversión pública; garantizar presupuestos suficientes para los sistemas comunitarios de atención, incluida la partería tradicional, y diseñar respuestas integrales frente a la violencia contra las mujeres indígenas que consideren las barreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales.
Otro de los llamados fue asegurar oportunidades reales para niñas y jóvenes indígenas mediante el acceso a la educación secundaria y técnica, el fortalecimiento de sus liderazgos y el impulso de su autonomía económica.
Una agenda pendiente
El diálogo evidenció que América Latina y el Caribe cuenta con un sólido marco normativo para la protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero que persisten profundas brechas en su implementación.
Los Pueblos Indígenas continúan enfrentando desigualdades estructurales, discriminación, dificultades para acceder a servicios culturalmente pertinentes y una participación limitada en los espacios donde se diseñan y evalúan las políticas públicas. Además, las transformaciones demográficas, la migración, el cambio climático y las presiones sobre sus territorios plantean nuevos desafíos para los Estados.
La sesión concluyó con un llamado a fortalecer la incidencia política de los Pueblos Indígenas, consolidar sistemas de monitoreo con participación efectiva y garantizar la transmisión intergeneracional de conocimientos, como condiciones indispensables para avanzar hacia el cumplimiento efectivo del Capítulo H del Consenso de Montevideo.
